-Yamile, usted es desplazada víctima de la violencia ¿de dónde viene?

-De Cimitarra, Santander.

-¿Y allá que tenían?

-Una finca. Tenía ganado y cultivaba cacao.

-¿Por qué decidió llegar a Soacha? ¿por qué no a otro lugar de Colombia?

-Porque acá tenía familiares.

-¿Recibieron ayuda oficial?

-En la Unidad de Víctimas nos dieron, que yo recuerde, un mercado, unas cobijas y una estufa.

-¿Cada cuánto recibían la ayuda?

-Cada tres meses o cuatro meses, pero no alcanzaba para la familia.

-¿Pero fue por estar en ese programa que recibieron una vivienda?

-El 12 de diciembre de 2013.

-Fue la mejor noticia para nosotros supuestamente, porque fue una gran mentira, porque esta casa ha sido con lágrimas, sufrimiento, llagas, para poder decir que tengo mi casa, porque esto no fue que nos lo regaló el gobierno, sino que la dieron porque perdimos terrenos -dice Karen, la hija de Yamile, quien interviene para seguir respondiendo la entrevista.

-¿Por qué decía que ha sido un sufrimiento?

-Porque es una mentira. La calidad del apartamento no es buena, el lugar no es bueno, aquí nos metieron así: vacas, perros, gatos, de todo en un solo lugar. A mí mamá le tocaba trabajar el doble (para adecuarla porque la entregaron en obra negra). Trabajaba en dos casas de familia al mismo tiempo, llegaba a las 11 de la noche y comíamos lo mismo; y lo mismo no es decir desayuno, almuerzo y comida. O se hacía almuerzo o se hacía desayuno. Y no un almuerzo de pollo, carne. No. Huevo, plátano, arroz y SunTea, aunque sin desmeritar los esfuerzos de mamá.

-¿Qué significa Soacha para ustedes?

-Un hogar, porque nosotros llegamos a Soacha sin un hogar, como perdidos, y aquí fue donde cada palito fue haciendo una hoguera para seguir encendiendo.

Los datos de la población víctima del conflicto armado que ha llegado al municipio permiten comprender la magnitud del fenómeno. Según información entregada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), entre el año 2005 y el primer semestre de 2022 llegaron a Soacha 40.090 personas desplazadas. Los periodos más críticos fueron entre 2005 y 2009, y entre 2013 y 2014. Ambos momentos coinciden con procesos de diálogos entre gobiernos y grupos armados ilegales: Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), respectivamente. El logro de este último proceso también revela una caída histórica en las cifras de personas que en condición de víctimas llegan al municipio, tal como se evidencia en los siguientes gráficos.

A Soacha han llegado personas desplazadas de todos los departamentos de Colombia. Unos en busca de refugio transitorio, otros de un espacio para rehacer la vida. Sin embargo, el mayor número de desplazados, según la base de datos estudiada, tienen por lugar de origen Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila, Caquetá, Antioquia, Meta, Chocó, Nariño, Bolívar y Cauca.

La cifra de menores de edad matriculados en colegios de Soacha revela que en las distintas instituciones se matriculan cada año niños, niñas y adolescentes en condición de desplazados, desvinculados de grupos armados ilegales y como hijos de adultos desmovilizados.

Entre los años 2010 y 2017, el número de menores de edad en condición de desplazamiento que fueron matriculados oscila entre 2.803 y 2.408; en el periodo 2018 -2021, las cifras bajaron hasta 1.065 estudiantes; y en 2022, por cuenta del incremento de la violencia en muchas zonas del país, llegó a 1.269 menores. El comportamiento de los datos por periodos de cinco años permite ver que una parte importante de esta población se queda en el municipio.

De otro lado, se observa que las matrículas de menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales disminuyen anualmente al pasar de 254 inscritos en 2010 a 13 en 2022. En cuanto a las matriculas de los hijos de desmovilizados, esta oscila entre 98 en 2010 y 108 en 2022, lo que evidencia que el número de estudiantes es estable a lo largo de doce años.

Los reportes que entrega la Secretaría de Educación de Soacha de los últimos ocho años muestran que la mayor parte de los menores matriculados en condición de víctimas del conflicto provienen de Bogotá, pero no son oriundos de esa ciudad. Esto responde, según académicos consultados, a que familias desplazadas llegan en principio a la capital con la ilusión de encontrar oportunidades laborales, pero los altos costos de la vivienda y de los servicios básicos los obliga a buscar refugio en uno de los municipios más económicos de Cundinamarca.

De Tolima, Huila y Caquetá también proviene un número significativo de estudiantes¸ aunque es importante anotar que los datos analizados por el equipo periodístico registran que a este municipio llegan menores de edad de todas las regiones del país.

Para María Teresa Palacios Sanabria, directora del grupo de Investigación en Derechos Humanos y coordinadora del doctorado en Derecho de la Universidad Rosario, quienes llegan en condición de desplazados a Soacha deben enfrentar dificultades estructurales que, en términos de inversión social, les debe permitir el restablecimiento de sus derechos en el largo plazo. “Ha sido un gran desafío que ni siquiera se ha resuelto con los fallos judiciales ni con la cantidad de normatividad que se ha desarrollado”. Esto es cierto, pero también lo es que una de las políticas que ha funcionado bien es la que indica que cualquier menor de edad víctima del conflicto que busque cupo en un colegio público debe ser recibido sin ningún “pero”.

“No tiene Bogotá capacidad de recepción de población desplazada, menos un municipio como Soacha”, señala Eloisa Vargas, la investigadora de la Comisión de la Verdad. Y advierte que la ONU Hábitat ha definido que en esos territorios debe haber condiciones sostenibles y duraderas para dar calidad de vida a la población desplazada. Esto implica integración de la población en el lugar al que llegan o reubicación en su territorio de origen o en otro donde no corran riesgo.